Se rompe el silencio

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Publicado en fecha junio 01, 2011

Elecciones de magistrados

lo Voltaire, concertemos de principio el significado de dos palabras, propaganda e información, para aproximarnos a la evidencia. La propaganda es a la democracia lo que el garrote es a la dictadura. Se caracteriza por ocultar una parte de la verdad y exponer sólo lo más conveniente para el orador, emisor o gobierno, con el fin de anidar el mensaje en el lado emocional del cerebro y anular la parte racional.
En cambio, la información se define por antonomasia como la aproximación más certera a los hechos y se constituye en la materia prima de la democracia por tres razones: es una necesidad humana (como el pan de cada día); es la condición para el ejercicio de la opinión y la participación en asuntos públicos; y es el presupuesto para el desarrollo social y económico de una sociedad.
Tras la aclaración de conceptos, veamos lo que dice el artículo 182, parágrafo III, de la Constitución: “Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos”. Es decir, prohíbe la campaña, que es la consecuencia de la propaganda (entendida como la solicitud del voto a cambio de una oferta, incluso una mentira), pero no limita la información ni la opinión producida por los ciudadanos. Por  tanto, el artículo 82, parágrafo II, de la Ley de Régimen Electoral no tenía sustento constitucional cuando prohíbe informar y deliberar respecto a los postulantes en los siguientes términos:

Los tres parágrafos descritos, salvo el inciso referido a la prohibición de la propaganda, violaban tres artículos de la Constitución:

21, que garantiza 3) La libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. 5) A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. 6) A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.
106, que garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información sin censura previa; y
107, que estipula que la información y las opiniones emitidas a través de los medios deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad establecidos en los códigos de ética de los periodistas y la Ley de Imprenta.

A este triple desconocimiento, se sumaba la vulneración de otros dos artículos: 13, que señala que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales (…) y el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos; y 26, que reconoce el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político.
Precisamente para prevenir este tipo de situaciones o excesos cometidos por el legislador del poder de turno, el artículo 410 viene en auxilio de la sociedad y establece la primacía de la Constitución: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa (en este caso frente a la Ley de Régimen Electoral). El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el país”.
Es decir, después de la Ley de Leyes, prima la Declaración Universal y la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 19 y 13, respectivamente, garantizan la libertad de expresión sin censura previa.

Cambio de actitud

En un principio, el presidente Evo Morales, sus ministros, Asambleistas del MAS, (sus) vocales del Órgano Electoral, particularmente Wilfredo Ovando y Ramiro Paredes, y los periodistas que trabajan en medios del gobierno y afines no entendían los argumentos que demostraban con contundencia la inconstitucionalidad del artículo 82 y menos la dimensión de la información como la materia prima de la libertad de expresión (opinión), por tanto de la decisión, la participación y, en definitiva, de la democracia.
Después de más de un mes de deliberación pública, el Presidente terminó de comprender el gran obstáculo y decidió, el pasado viernes 20 de mayo, sugerir al Órgano Electoral que proponga a la Asamblea Legislativa la modificación del artículo 82 para que haya abundante información, libertad de expresión y transparencia.
Casi obligados, por no decir sumisos, aquellos vocales que habían dicho que no había vulneración de la libertad de expresión ni del derecho a la información, acataron de inmediato la “sugerencia” presidencial y solicitaron en el día de la reforma del artículo 82 en los siguientes términos:

Artículo único.-
I. Se derogan los incisos b) y e) del parágrafo I, incisos a) y b) del parágrafo II, y el parágrafo IV, del artículo 82 de la Ley de Régimen Electoral.
II. Se modifica el inciso d) del numeral 1 del artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, con el siguiente texto:
c) Dirigir o conducir programas radiales o televisivos, mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos.

De este modo, los candidatos podrán participar en programas radiales y televisivos, deliberar sobre temas relacionados al cargo al que postulan y los periodistas podrán informar al margen de lo que diga el Órgano Electoral respecto a los candidatos. Curiosamente, con la derogación del parágrafo IV las autoridades del gobierno central, departamental o local podrán “emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones”. Pero, no podrán hacer lo mismo los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes a través de los medios de comunicación porque el inciso c) del parágrafo II sigue vigente.
En estas condiciones y bajo estas reglas jurídicas, las bolivianas y los bolivianos asistirán el próximo 16 de octubre a los comicios judiciales para elegir entre los candidatos preseleccionados, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por los dos tercios del gobernante Movimiento al Socialismo.

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