“Vamos bien…” ¿quiénes? ¿adónde?

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Publicado en fecha agosto 29, 2011

La aparatosa propaganda y los fastuosos escenarios de grandilocuentes escarapelas, whipalas, efigies y murales no logran esconder los retrocesos del  cambio, sus desilusiones y promesas pendientes, al margen de la presencia chola y campesina a la zaga de los operadores del poder, en un estancamiento que amenaza en derivar en mayor corrupción y desconcierto.

A dos meses de un eventual rechazo a sus políticas de Estado y lejos de los 2/3 –virtual  adiós– con que avasalló a sus adversarios y consiguió imponer varias de sus decisiones, el presidente Evo Morales observó en agosto, entrado el sexto año de gestión, cinco debilidades de su régimen populista: el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, la inseguridad ciudadana y las deficiencias de la gestión estatal.
Pero olvidó otras tantas, iguales o peores, citadas por diversos sectores:
Las dudas sobre el futuro nacional en manos del partido de gobierno, por ejemplo; o  los horizontes alternativos al estancamiento y quizá retroceso del “proceso de cambio”. que se debate entre el desencanto y la restauración neoliberal denunciada por los disidentes; las “tensiones creativas” de su vicepresidente Alvaro García y el laberinto ideológico de sus bases empeñadas en el ejercicio pragmático e inescrupuloso del poder, o la incorporación interminable de muchos reciclados de la derecha a la nueva institucionalidad estatal.
Junto a ellas, la evaluación presidencial omitió asimismo la incertidumbre económica, sobre todo energética –apagones de por medio y racionamiento eléctrico sin previo aviso- y alimentario, que anida en los hogares y agentes productivos; lo mismo que el gasolinazo o minigasolinazos pendientes, las alzas anticipadas, los resultados de las nacionalizaciones en YPFB, Entel y otras estatales.
O específicamente la “quiebra” de Guaracachi, la inversión insuficiente y los correctivos a la baja ejecución presupuestaria (31% entre las Gobernaciones y el Ejecutivo, ni qué decir en los municipios).
Relegando otras deficiencias en salud, educación, empleo y autonomías, el mandatario tampoco se refirió a los diversos conflictos y protestas regionales que esperan turno para hacerse escuchar o explotar sin previo aviso; como las de Potosí, aletargadas un año.
O las recientes de El Alto por la postergación del Censo para fines del 2012, la animadversión en el Beni, la corrupción en Pando, el resentimiento en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, la rebeldía desafiante de las  ciudades en La Paz y Oruro, la sorda revancha que se arma en Cochabamba (su aprobación en el valle declinó al 40%, según Ipsos Apoyo, a julio).
Distante de lo ampuloso de sus discursos en anteriores años, Morales eludió también hablar del conflicto en el territorio indígena del Isiboro-Sécure, y de las elecciones judiciales impugnadas por disidentes, ex aliados y los restos de la oposición.
Brilló también por su ausencia el tema del mar, signado en menos de cinco meses, desde el 23 de marzo pasado, por el doble fracaso de la bilateralidad que no cuaja ni de la multilateralidad que no llega, habiendo más bien salvado a su colega Sebastián Piñera de la caída libre en las encuestas, reuniéndose con el mandatario chileno en Lima, tras la asunción de Ollanta Humala, en medio de la crisis social que agobia a Santiago, agobiada por los estudiantes.
El logro más significativo de Morales, publicitado aún por sus propagandistas pese a cuestionamientos metodológicos –“un millón de pobres que pasaron a ser clase media” (la extrema pobreza de 3.7 millones de personas bajó a 2.7 millones)–, ha caído en los pies de las mismas cifras de Naciones Unidas:
“…todavía una cuarta parte de la población boliviana vive sin ingresos suficientes para alimentarse adecuadamente, es la extrema pobreza y en el caso de los indígenas esto sube más”, a casi un tercio, reveló Yoriko Yasukawa, representante de NNUU en el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, a horas de las entusiastas cifras presidenciales.

BONANZA PARA QUIÉNES
La Fundación Jubileo, de la Iglesia Católica, precisó que los años de vacas gordas  han beneficiado con mayor peso a cocaleros, contrabandistas (sobre todo los dedicados a los autos “chutos”), narcotraficantes y cooperativistas mineros.
Para Juan Carlos Núñez, director de Jubileo, los cocaleros están entre los más favorecidos, al margen de la gente involucrada en el narcotráfico y el contrabando.
Sin embargo, Jubileo no mencionó a los militares que junto a las organizaciones sociales son el factor de masa y de fuerza (novísimo pacto militar-campesino a la manera de las dictaduras militares de los 60-70) que sustenta al régimen, pues a decir del Presidente sólo éstos garantizan la “revolución profunda”, económica, social, cultural del país.
Tampoco el mandatario mencionó a  banqueros, entre los beneficiarios más sobresalientes de sus seis años en el poder, ni las ventajas concedidas y por ceder a los choferes, quinta columna de los nuevos allegados al régimen populista, junto a la neoburguesía enquistada en la burocracia estatal, para sumar todos un enorme cincuenta por ciento más uno o varios dígitos más, pero nunca más, según la tendencia de las preferencias ciudadanas, a los pasados dos tercios con que, desde enero del 2010, manejó el poder omnímodo en el país.
A la cabeza de Franklin Durán, los choferes por su lado esperan medrar, con “tarifazos”, de la nueva legislación, que entraña un doble retroceso legal, a decir del ex superintendente Jorge Auza: la  usurpación de las competencias exclusivas de los municipios y las alzas desacordes a la realidad nacional. “Está bien que los transportistas reclamen por el costo de operaciones, pero de ahí a fijar tarifas cada año es muy peligroso para la población”, sopesó Auza.

¿NI ASENTAMIENTOS
NI GASOLINAZO?
Las declaraciones del presidente de YPFB, Carlos Villegas en sentido de que no habrá gasolinazo, parecen tomarse como un anuncio al revés, tal es la desconfianza en la palabra oficial, que no alcanza a despejar las dudas en torno a que se evitará los asentamientos de cocaleros en el territorio y parque nacional del Isiboro Sécure, según promesas lanzadas desde Palacio Quemado.
Así,  “el proceso de cambio está corriendo el grave riesgo de agotarse, advirtió en una entrevista con Emma Gascó y Martín Cúneo, el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, uno de los disidentes masistas, mientras arrecian en Yapacaní las presiones de los pequeños productores contra la ministra Nemesia Achacollo, que, entre otras contingencias, se defiende de acusaciones de favorecer a los grandes y medianos terratenientes, y de mantener presuntos nexos, en meses pasados, con un abogado y su grupo que fraguaban irregularmente el saneamiento de títulos de propiedad de la tierra.
Almaraz fue claro en las críticas a la reconducción de la Reforma Agraria. Dio cuenta, al mismo tiempo de una “enorme dificultad de aterrizar en procesos productivos concretos”, no obstante que hay fondos como el acumulado por un porcentaje del impuesto a los hidrocarburos que le corresponde al sector indígena. “La plata acumulada ya ha superado los 150 millones de dólares y no la pueden gastar”.
Tendidas las semejanzas respecto de la revolución del 52, Almaraz concluye que en un primer momento revolucionario, hace casi 60 años se redistribuyó  toda la tierra hacendada, se nacionalizaron las minas y se viabilizó el voto a  indios y mujeres, pero después, “la revolución fue derrotada por dentro y las conquistas pasaron a ser, por ejemplo, darles motos a los policías, uniformes”, ironizó.
“Está pasando lo mismo ahora, cuando los logros son kilómetros de carreteras, empresas estatales, conexiones telefónicas…todas esas cosas son necesarias, pero para eso no era necesario que mueran los compañeros en El Alto, ni en los bloqueos de caminos, no era necesario hacer una revolución, eso lo podría haber hecho Sánchez de Lozada o Jaime Paz Zamora. Con el neoliberalismo, crecimiento económico también hubiera habido”.
De manera que el proceso está “corriendo el grave riesgo de agotarse no en un horizonte verdaderamente transformador, sino en una restitución del capitalismo del Estado”, señaló.
No fue para eso “por lo que hemos luchado a lo largo de las últimas dos décadas contra el Estado… no es para tener ingenios azucareros de propiedad estatal; para que el Estado se vuelva un nuevo terrateniente en el agro; que tengamos un YPFB subordinado a las trasnacionales, para que la gente tenga que seguir subvencionando a las trasnacionales para que produzcan gasolina y diesel”.

MAS PARA LOS COCALEROS
El Plan Nacional de Desarrollo delimitó la participación del Estado sólo en lo estratégico: hidrocarburos, minería y electricidad. Pero el gobierno extendió lo “estratégico” al sector de alimentos con la creación de Emapa. Sin embargo se emprendieron varios proyectos como el caso de papeles y cartones, plantas industrializadoras de leche, jugos de frutas, cemento, vidrio, aceite, etc., reflexiona el ex presidente del  Banco Central, Gabriel Loza.
“Con objeto de dar señales claras a los actores de la economía plural, debería reglamentarse el sector estratégico y el principio de necesidad estatal y necesidad pública. Esto permitirá la delimitación del papel del Estado y el rol que desarrollará en su articulación con el sector privado nacional y extranjero”, sugiere Loza.
Su propuesta, como muchas otras, “hechas desde adentro” puede que se canse de hacerle cosquillas al Gabinete, que parece agitarse más por otras, algunas de aire electoral, como la nueva Ley Agraria, promovida por la Confederación campesina y alentada por el Presidente, que podría aprobarse hasta el 12 de octubre, cuatro días antes de los comicios judiciales, con un evidente gancho proselitista: beneficiar a  campesinos y colonizadores, incluidos los cocaleros, con la titularización de tierras en forma individual –ya no comunitaria– y hasta en una cantidad de 500 hectáreas, según festejan dirigentas de “las bartolinas”.
Roberto Coraite, líder del sector campesino observa que los indígenas recibieron mucha más tierra. En sustitución de la Reforma Agraria, la nueva norma debe, primero, autorizar los asentamientos y posteriormente acelerar el saneamiento de esas propiedades, proclama. “Tiene que dictarse los asentamientos inmediatos y su pronta regularización”.
Son los tiempos del gobierno de las masas, generando al parecer más argumentos para que la derrotada derecha y sus extremos, se reafirmen en la idea de que siempre tuvieron la razón al sostener que los regímenes de izquierda, de movimientos sociales no sirven para gobernar ni para crear riqueza, sólo para distribuirla, a veces, entre todos.
Los parlamentarios Fidel Surco e Isaac Ávalos condenan que “unos cuantos indígenas concentren miles de hectáreas”, aunque el propósito es recortar los territorios de propiedad colectiva, y redistribuirlos como propiedades individuales que se puedan heredar, comercializar e hipotecar.
Son los aprestos para anular  la reconducción comunitaria para convertirla en “Ley de Reconducción Individual”, allanando el camino hacia la mercantilización de la tierra, dicen observadores. En el Congreso, el vicepresidente difunde su nueva obra: “El ONGeismo, la enfermedad infantil de la derecha”

Mucho ruido, pocas nueces

Los siguientes son los logros recopilados por Evo Morales respecto de su gobierno:

600 millones de dólares como promedio anual de participación estatal en la renta petrolera en años anteriores, que del 2006 al 2011, subió a  2.500 millones de dólares: crecimiento de 400%.

Beneficios de los hidrocarburos: El Estado recibe mínimo 82% y la empresa socia, el 18%: antes era todo lo contrario.

Evolución de las exportaciones: 790 millones de dólares promedio antes del régimen; del 2006 al 2011: 2.809 millones de dólares; crecimiento: 256%

Incremento de recaudaciones tributarias: del 2000 a 2005, Bs 10.344 millones; del 2006 al 2001, estimado, Bs 27.334 millones.

Aumento del PIB: 170%, Bs 10 mil millones a 27 mil millones.

Brecha pobres-ricos: el 2005 la relación era 1 a 170, es decir, el más pobre recibía un boliviano y el que más tenía 170. Ahora es 1 a 70.

Los últimos cinco años un millón de personas han accedido a la condición de clase media debido al incremento de sus ingresos

Promedio ejecución 2000-2005: 590 millones de dólares; 2006-2010: 1.239 millones; enorme la diferencia, programado o presupuestado para  este año, inversión (gobierno municipal, gobierno departamental y el gobierno nacional):  2.428 millones de dólares, Sumadas las empresas estratégicas (Yacimientos, Entel y otras) son 873 millones de dólares. Total de inversión programada 2011: 3.300 millones de dólares.

¿EL 2014  SIN EVO?

Una “sexta debilidad”, fue advertida por algunos analistas en torno al mensaje presidencial durante el 182 aniversario patrio: la posibilidad     –insólita, quizá remota, pero opción al fin– de que el Presidente deje el mando y no encabece la reelección en la campaña del 2014.
“Después de Presidente no hay más; es de retornar al chaco, a la tierra y aportar trabajando produciendo  algo”, dijo el también jefe del MAS y líder de los cocaleros.
Durante un coloquio sobre el futuro de Santa Cruz, promovido por el diario cruceño El Deber, la politóloga Helena Argirakis advirtió igualmente que “el MAS se presta a participar de las elecciones de 2014 sin el presidente Morales. Según ella, los masistas cuentan con un proyecto de renovación de cuadros, situación que no existe en Santa Cruz”.
“Por mí, me fuera en este momento” reiteró Morales: “qué más tengo, no tengo nada y no perjudica nada a Evo Morales, pero económicamente peor todavía, no tengo ninguna misión económica, personal ni familiar…entonces en vano se preocupan por desgastar al indio, desgastar a Evo, por desgastar a este proceso, para parar este proceso, este proceso no es de Evo Morales, es de los movimientos sociales, pueden afectar al Evo Morales pero no van a parar a los movimientos sociales”.

DE LA GUERRA CIVIL QUE NOS SALVAMOS

Recuento del ex viceministro de tierras sobre la redistribución de predios, seguido de un análisis sobre lo delicado que fue, para aprobar la nueva Constitución, en octubre del 2008, la limitación de la propiedad hasta 5.000 hectáreas y su carácter de no retroactividad. Extractos:
Hasta diciembre del 2010 se han titulado en favor de indígenas y campesinos alrededor de 25 millones de hectáreas en todo el país.
Como Tierras Comunitarias de Origen, que son propiedad comunitaria, inalienable, indivisible, de pueblos y comunidades indígenas, se titularon 16 millones de hectáreas.
Como propiedad comunitaria, igualmente colectiva e indivisible, de comunidades campesinas que no se reconocen explícitamente como indígenas, casi 4 millones
2 a 3 millones como pequeña propiedad, individual del sector campesino.
De este total, lo que efectivamente es redistribución es poco más de 4 millones “desapropiados”. En primer lugar, a empresas madereras que las tenían en régimen de concesión, que a efectos jurídicos es lo mismo que propiedad. Luego a terratenientes como los del Alto Parapetí, cerca de 2 millones de hectáreas.
“No hicimos una nueva ley agraria íntegra porque nos hubiera llevado más tiempo y hubiéramos corrido el riesgo de perder el momento político. Así que hicimos solamente una reforma parcial de la ley vigente.
En el Chaco se dio otro logro histórico. La reconstitución territorial de la nación guaraní supuso dotarle de la tierra suficiente para el reconocimiento territorial que le corresponde. Ya se ha abolido en los hechos el régimen de servidumbre que subsistía en muchas comunidades llamadas cautivas en el chaco cruceño y  chuquisaqueño. En el Alto Parapetí, se ha aplicado el saneamiento. 40.000 hectáreas han sido inmediatamente dotadas a esas mismas comunidades que de ser sus indígenas cautivos, serviles a la hacienda, han pasado a ser propietarios comunitarios de la tierra. Los beneficiarios son alrededor de unas dos mil personas.
Respecto del límite de 5.000 hectáreas, ya  teníamos la disposición que dice que toda tierra en propiedad mediana o de empresa que no cumpla una función económico-social debe ser revertida a dominio del Estado sin indemnización alguna. (La función económico social, es trabajo y producción en condiciones de sostenibilidad ambiental y compatibilidad con el interés público). Ya se han producido las primeras reversiones por insostenibilidad de la actividad agrícola.
Ahora bien, ese límite de 5000 ha es necesario, por otras dos razones. Una es la democratización económica porque funciona como dispositivo antimonopólico; la segunda razón son los motivos sociales, psicológicos y políticos.
La virtud que ha tenido esta disposición fue hacerle decir al ciudadano boliviano en el referéndum cuál es su posición frente al latifundio. Y el resultado fue que el 80% del electorado estaba en contra. La no retroactividad, tiene una razón económica: hubiéramos tenido que revertir alrededor de 5.000 predios productivos en Santa Cruz y sobre todo en el Beni, predios que cumplían esa función económico social. Íbamos a tener que revertir a un montón de gente que tenía un poco más de 5.000 hectáreas, pero que efectivamente estaban respetando la vocación de la tierra y estaban pagando salarios a sus trabajadores. Eso hubiera ampliado la situación de guerra civil hacia ese sector y por supuesto hubiera generado un serio problema de abastecimiento y especulación. Por eso lo hemos convertido en válido sólo para lo venidero. Es una función disuasoria.
Las  limitaciones a la propiedad estatal de la tierra fueron impuestas porque  las instituciones públicas tienen una gran cantidad de tierras. Y lo único que hacen con ella es corrupción. Miles y miles de hectáreas en manos de las Fuerzas Armadas o de las universidades públicas, que no producen nada, que no sirven para nada. Ya no puede ser que cada nuevo rector de la universidad vaya a La Paz a pedir tierras, cada nuevo comandante de una de las fuerzas vaya a pedir tierras. Lo que se ha establecido es el usufructo. Por razones muy bien fundadas, como proyectos productivos de especial importancia, por un tiempo limitado al desarrollo de ese proyecto. Cuando ese proyecto deja de funcionar esa tierra sin más trámite ni costo alguno vuelve a manos del Estado para su redistribución.
(Fuente: entrevista de Almaraz con Gascó /Cúneo)


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