Lo partimos ¿o lo bordeamos?

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Publicado en fecha agosto 29, 2011

Los indígenas del Isiboro-Sécure están dando una lección sobre la defensa de los territorios, parques y áreas protegidas; los acompaña parte de la sociedad civil.

Son 500 mil los árboles amenazados por la tala en una franja de apenas media cuadra de ancho por unos 70 km de largo.
El corredor parte desde la cochabambina Isinuta –otro bastión cocalero al norte de Chipiriri y Eterazama–, hasta Monte Grande, en el centro de la selva beniana, calcula una investigación reveladora, que anticipa: en 18 años a partir del tendido de la carretera, quedarán deforestadas 610 mil hectáreas de bosque tropical (64%); 123 mil sólo en el primer año.
Hasta el 2007 ya se perdieron 50.000 hectáreas del Territorio y Parque Nacional del Isiboro-Sécure (TIPNIS), a manos de los depredadores que entraron desde Villa Tunari y el resto del Chapare, señala el mencionado estudio, realizado por encargo del PIEB (Programa de Investigación Estratégica).
El ingeniero beniano Edil Osinaga, uno de sus investigadores, calcula que con la carretera quedarán habilitadas al menos 60 mil hectáreas para nuevos cultivos, probablemente cocales, hoy por hoy, los más rentables.
Las dimensiones del desastre no han causado mella en el presidente Evo Morales, cabeza de cocaleros, colonizadores y otros grupos campesinos, cuyos operadores políticos –urbanos y rurales, con corbata o con  abarcas– amenazan con atacar a la marcha indígena que va rumbo a La Paz, mientras, a la distancia, la amedrentan.
La misma manida consulta constitucional a los indígenas, ha sido desahuciada por el mandatario. A mediados de julio dijo: quieran o no quieran vamos a construir ese camino”.
El primero de agosto sugirió a los cocaleros seducir a las yucararé-trinitarias para allanar los obstáculos, aunque su más mordaz anuncio fue, ese mismo día:
“Las consultas vamos a hacerlas, pero quiero que sepan que no tienen carácter vinculante. No porque ellos digan no, no se va a hacer; están constitucionalizadas, pero no tienen carácter de obligatoriedad”. ¿Para qué la consulta si todo ya está decidido y no hay nada vinculante? Se preguntan varios analistas en las ciudades del eje central.
Bajo el modelo presidencial, el lema de los colonizadores es “tarde o temprano entraremos al TIPNIS por tierras”. Gustavo Aliaga, el secretario general de la Confederación Sindical de Campesinos Interculturales (CSCIB), aseguró que los “colonizadores cocaleros” de su sector pretenden controlar  zonas fuera del “Polígono 7”, que enmarca los asentamientos legales del TIPNIS.
“El Gobierno debe prever una nueva ley (de la Madre Tierra, propuesta por el Pacto de Unidad, que a su vez agrupa a los campesinos y sus “bartolinas”); cada uno de los indígenas  tienen más de 20.000 hectáreas a título de TCOs (Tierras Comunitarias de Origen), mientras nosotros apenas con una o cinco hectáreas… nos vamos a medir con ellos, cuando pasen por el Chapare o los Yungas”, señaló Aliaga a la prensa.

ESCARAMUZAS Y ¿QUINTA COLUMNAS?
La soberbia pareció decaer cuando Brasil anunció que suspendería los desembolsos para el Tramo II, supeditándolos a un acuerdo con los indígenas. Y aunque los ministros del presidente Morales se esmeraron por moderar la advertencia, el embajador no entregó un desmentido al condicionamiento.
En vísperas de  las fiestas patrias, Adrián Nogales, un veterano líder de las luchas indígenas, y por ahora a cargo del SERNAP (Servicio de Áreas Protegidas) admitió que la carretera, tal como está proyectada, partiendo el corazón del  Isiboro Sécure, causará daños ambientales, sociales y culturales, según reporte del  Centro de Comunicación y Desarrollo Andino.
El líder de la marcha, Adolfo Chávez, el presidente de la CIDOB (Confederación de Indígenas del Oriente), descarta por estos días –sin que pueda saberse qué dirán los acontecimientos cuando la columna llegue a La Paz– todo diálogo con el gobierno.
Mientras tanto, ya abierta la brecha hasta Isinuta, a la deforestación iniciada por los colonizadores sigue el desmonte en serio autorizado por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para la megaconstructora brasileña OAS y Luis Sánchez, presidente de la ABC (Administradora de Carreteras)  se afana  anunciando: con o sin consulta habrá carretera al TIPNIS.
El líder de los colonizadores, Aliaga recuerda que en Rurrenabaque y Yucumo e Ixiamas, se registraron choques con los indígenas. “Es un problema que no sólo está en el TIPNIS… como colonizadores, nuestra intención no es depredar toda la naturaleza para plantar coca, sino poder sacar nuestros productos a los mercados. Por eso queremos traspasar el Polígono 7, para tener más tierras en la zona. Ya hay compañeros que quieren avasallar el parque por falta de tierras fiscales para cultivarlas y mantener nuestras tierras”.
Ex dirigentes campesinos rememoran con orgullo la marcha de la CIDOB en 1990, por “Tierra y Territorio”. Pero eran otros tiempos, dicen. Ahora hay que cuidarse de los infiltrados, de los que pueden ser cooptados por el régimen del presidente Morales.
El diputado Pedro Nuni, masista, anunció que se sumará a la marcha recibiendo  apoyo de sus colegas indígenas, aunque no le garantizaron su presencia.
Mientras tanto, Adolfo Chávez confirmó el 15 como fecha de arranque, desde Trinidad, acompañado de la Organización Indígena Chiquitana (OICH, que dirige José Bailaba) y la Asamblea del Pueblo Guaraní  (APG)
OTROS 200 MILLONES A PERDER
Suma, sin recargos ni reajustes de precio por aumento de costos, 442 millones de dólares el valor de la vía asfaltada que, de acuerdo a las previsiones del régimen, partirá en dos al TIPNIS.
A ese monto deberá agregarse sin embargo otros 200 millones que se perderán si se conserva el bosque como una parte del pulmón planetario y se lo convierte en los llamados “bonos verdes” o de carbono, con los que los países en desarrollo ayudan a combatir la deforestación de bosques y contaminación ambiental por emisión de dióxido de carbono (CO2) que aumenta el calentamiento global del planeta.
“Los 200 millones de dólares, canjeables por no emitir dióxido de carbono conservando el área protegida, están calculados en el mercado más mínimo, puede ser hasta 2.000 millones de dólares en otros mercados, depende cómo se negocia la tonelada de CO2” sostiene el ingeniero Osinaga, que estudio el tema por encargo del PIEB.
“El gobierno piensa que no se debería negociar por tonelada ni por superficie sino por el costo que significa preservar un bosque, pero lo que más preocupa es la pérdida de biodiversidad y mayor emisión de CO2 a la atmósfera y calentamiento global que eso es lo que también debería preocuparle al gobierno, ya que está en un discurso sobre la “madre tierra”, al parecer contradictorio con lo que se habla en favor de defenderla”, agrega.

BORDEAR EL PARQUE:
¿Y LA MADRE TIERRA?
Para no ser del todo ni significativamente afectados, dirigentes de los 15 mil indígenas repartidos en unas tres etnias han recomendado modificar el trazo por el oeste -bordeando el TIPNIS por la zona inundable, con puentes- a fin de no afectar el centro del bosque.
Los investigadores del PIEB proponen financiar el cambio de ruta con los 200 millones de dólares, o más, se conseguiría canjeando  “bonos verdes”
“Los únicos beneficiados con el camino serán los empresarios, ganaderos y cocaleros debido a que los más de 15.000 originarios del parque Isiboro Sécure no tienen qué exportar”, señaló Marcelino Cuéllar, dirigente de los indígenas del TIPNIS.
“Pero no las ONG y opositores que usan el tema para oponerse a la integración de los departamentos de Cochabamba y Beni”, replicó el presidente Morales, seguido de su Vicepresidente: “hay ONGs decentes, y otras que no”.
La Liga de Defensa del Medioambiente (LIDEMA) denunció que intereses económicos brasileños están detrás del megaproyecto  “Incluye pequeños grupos de poder nacional que se privilegiarán con esta carretera”, dijo Edwin Alvarado,  coordinador de esa organización no gubernamental.
LIDEMA enumeró 29 principales desaciertos socioambientales en los últimos seis años, además de la carretera al TIPNIS.
Marco Octavio Ribera Arismendi, uno de sus biólogos dio cuenta de antecedentes y los altos costos ambientales de más de 20 proyectos de “desarrollo” impulsados por el gobierno actual, advirtiendo que el modelo primario exportador, en su incesante búsqueda de inversiones, facilita el ingreso de las transnacionales y de megaproyectos; promueve la flexibilización de las regulaciones ambientales y contenciones sociales, y genera elevados costos socioambientales.

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