JUSTICIA: ESTRENO CON EL PIE IZQUIERDO

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Publicado en fecha enero 24, 2012

Varios magistrados juraron con la consigna del MAS. El Presidente y Vicepresidente excluidos por los vejámenes a los marchistas del Tipnis.

Agobiada, de entrada, por el enorme peso de la carga procesal acumulada y con el estigma de su más alta magistratura decidida meses antes de los comicios judiciales en el Legislativo dominado por el MAS, la nueva justicia comenzó jurando partidariamente con puño en alto y con la Fiscalía excluyendo (del proceso investigativo por los vejámenes a “los Tipnis”) al Presidente y Vicepresidente del Organo Ejecutivo, responsables constitucionales del desempeño del Estado Plurinacional.
“Evo Morales no les pide que me defiendan, no quiero… Si cometo algún error o delito también están ahí para juzgarme, jamás me escaparé ni me defenderé si tengo la razón para defenderme”, señaló el Jefe de Estado cuando posesionó a las nuevas autoridades, de mayoritaria raíz originaria, en un hecho histórico sin precedentes en los anales del país, pero deslucido por el componente partidario de sus protagonistas, lo que, dígalo o no la crítica, no garantiza la independencia del Poder Judicial.
El Fiscal General del Estado argumentó haber rechazado  la proposición acusatoria en contra de Evo Morales y Álvaro García por la intervención policial registrada el 25 de septiembre en Yucumo, “única y exclusivamente en el marco de su competencia”, es decir la propia decisión del fiscal mayor, Mario Uribe.
El líder de la Central de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), Adolfo Chávez, que interpuso una querella junto a los jefes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Central Regional Amazónica Boliviana (Cirabo), anticipó que si no había justicia en el país, presentarían su demanda ante tribunales internacionales.
Otros denunciados por los excesos contra “los Tipnis” son tres ministros: de la Presidencia, de Obras Públicas y de Justicia; el viceministro de Justicia, Nelson Cox y el director de Régimen Interior, Boris Villegas, además del ex ministro Sacha Llorenti, el comandante de la Policía, Jorge Santiesteban, los generales Oscar Muñoz y Edwin Foronda, los coroneles Víctor Santos Maldonado y Edgar Téllez Téllez, y el teniente coronel Moisés Méndez Ruiz.
Salvo los últimos –el general Santiesteban integró el grupo de élite que acribilló a los separatistas comandados por Eduardo Roszá– y el ministro Walter Delgadillo, los cuestionamientos se repiten, en el caso de Yapacaní, contra  Carlos Romero y Nilda Copa, pero se extienden a su colega Claudia Peña y al sucesor de Llorenti, Wilfredo Chávez, además de la coronela Lily Cortez, jefe de la policía cruceña.
Respecto de Yucumo, los cargos apuntaban a los dos mandatarios por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; asesinato en grado de autor intelectual; genocidio; lesiones gravísimas, graves y leves; robo agravado; maltrato infantil a niños, niñas y adolescentes; racismo; discriminación y denegación de auxilio,
“Es normal, soportamos acusaciones, algunas difamaciones pero algo queremos decirles, nunca nos han tratado de flojos ni corruptos y nunca seremos flojos ni corruptos para servir al pueblo boliviano”, remarcó el Presidente en el estreno del nuevo Poder Judicial.
MÁS TRABAS A LOS TIPNIS
Por demás interesados los indígenas del oriente en las contramarchas del gobierno respecto de la ley aprobada para suspender la carretera en el territorio del Isiboro Sécure, contrarrestada en los hechos por una contramarcha oficialista que se apresta a llegar a La Paz antes del Día del Estado Plurinacional y el mensaje presidencial del 22 de enero, el presidente de “los Tipnis” Fernando Vargas, no pudo ingresar a la Asamblea Legislativa para escuchar el informe de una comisión mixta, sobre la demanda de abrogar la Ley Corta, aceptada por el presidente Morales, que protege el Parque.
A pesar de su estatura dirigencial y las dimensiones del problema, Vargas no contaba  con el pase mínimo que el presidente del Legislativo, Alvaro García, concede a manera de autorización para que la Oficialía Mayor parlamentaria otorgara el acceso.
“En pleno siglo XXI donde una Constitución establece un Estado Plurinacional, sinceramente no se cumple la Constitución, por tanto se pisan todos los derechos de los bolivianos”, subrayó Vargas, que junto a otros líderes indígenas orientales prepara una segunda reacción, esta vez por la democracia.

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