TIPNIS v2.0

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Model 6

Publicado en fecha febrero 23, 2012

El día viernes 10 de febrero de 2012, a las 17:31 de una tarde de verano, el presidente Evo Morales promulgó la Ley de Consulta Previa. Con este hecho se inauguró oficialmente un nuevo ciclo en el conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Quedó registrado, para el juicio de la historia, el acto y responsabilidad de quienes hoy nos llevan a la confrontación entre indígenas, entre pobres y poderosos, entre bolivianas y bolivianos todos.

El TIPNIS, recargado
Todo indica, sin lugar a dudas, que transitamos un camino insalvable hacia la beligerancia. Este nuevo ciclo en el conflicto por el TIPNIS tendrá otros actores que van a sumarse a aquellos que ya estuvieron presentes durante todo lo acontecido con la VIII Marcha Indígena. Muchos intereses de uno y otro lado están empezando a confluir de modo tal que ambos bandos están creciendo y acumulando fuerzas.
Las declaraciones de actores de la sociedad civil tienden a confirmar que en esta ocasión la participación de la ciudadanía y sus organizaciones será mayor; tanto de aquellos que apoyan la construcción de la carretera como de quienes la resisten.
La hostilidad se muestra mucho más exacerbada y las señales son claras en sentido de que esto va a ser resuelto finalmente mediante una medición de fuerzas en la práctica. Efectivamente, la callecracia boliviana como cultura de solución de diferencias goza de excelente salud.
Toda vez que el gobierno dejó de lado la Ley Corta, y con ella la oportunidad para una resolución pacífica del conflicto, su credibilidad para con los indígenas se ha reducido hasta virtualmente anularse para fines prácticos; en una situación difícilmente reversible.
Tampoco se ve que existan canales efectivos de comunicación que vinculen a los dirigentes del TIPNIS con el gobierno y los cocaleros. Esto hace que una solución concertada aparezca muy lejana en la actualidad por falta de condiciones para generar escenarios de acuerdos reales y que merezcan el compromiso de las partes.
Todo apunta, lastimosamente, a que esta vez la magnitud del enfrentamiento va a ser mayor. En este tipo de situaciones, la historia y la teoría existente indican que cuando los conflictos se reactivan lo hacen con mayor virulencia. Esto se debe a que ya hubo un aprendizaje acerca de los métodos, fortalezas y debilidades de los adversarios; pero además a que ya existe una predisposición, una preparación más articulada, para la confrontación. Las bolivianas y bolivianos entramos así en un periodo de altísima volatilidad y complejidad, de pronóstico totalmente incierto. De lo único que no hay duda es de que ambos bandos van a recurrir a cuanto tengan a mano para prevalecer; la pugna política, ideológica y en las calles va a ser de la más alta intensidad.

EL POLÍGONO 7 Y
LA PRESENCIA COCALERA
La presencia del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) de la mano del gobierno a la hora de firmar la Ley de Consulta Previa no hace otra cosa que confirmar el peso del interés de los cocaleros en la realización de la carretera; desvirtúa el proceso y justifica los temores de un proceder decidido a favorecer a unos por encima de otros. Aquí cabe explicar más detalladamente de qué se tratan las características de la presencia de los productores de coca en la zona objeto del conflicto.
Al interior del Isiboro-Sécure existe un área denominada Polígono 7. Es un área que hace parte del parque nacional, pero que no ha sido incluido en la titulación de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) TIPNIS. Son poco más de 137.000 hectáreas de tierras ya colonizadas en las que están asentadas alrededor de veinte mil familias de cocaleros; las que están agrupadas en cincuenta y dos sindicatos y estos a su vez en ocho centrales que pertenecen a la Federación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba. En total se trata de una población cercana a las 100.000 personas.
Para hacerse a una cabal idea de lo que significa este contingente humano ya presente al interior del Isiboro-Sécure, hay que tener presente que en la TCO TIPNIS propiamente dicha habitan poco más de 12.000 indígenas chimanes, moxeños trinitarios y yuracarés. Ellos son los que viven en las 1.091.656 hectáreas tituladas a su favor.
Como se ve, la relación es prácticamente de 10 a 1 a favor de los cocaleros; a esto debe sumársele el hecho de que ellos son el origen y núcleo duro del poder del presidente Morales. Existen entonces razones cuantitativas y cualitativas que explican claramente el por qué del apoyo del gobierno a los productores de coca.
Si se toma un mapa del TIPNIS, el Polígono 7 tiene la forma de una mordida al Isiboro-Sécure. La carretera que el gobierno insiste en hacer atraviesa justamente esta zona y luego se extiende a través de la TCO. Es muy evidente que la vía funciona como una suerte de punta de lanza para extender la colonización de tierras al interior del territorio indígena. El CONISUR, de acuerdo a la evidencia existente y a lo corroborado públicamente por el director del INRA, Juanito Félix Tapia, congrega los habitantes del Polígono 7; por lo tanto, no tiene rol alguno en lo que hace a la consulta, que para empezar debía haber sido previa, que intenta poner en marcha el gobierno al interior de la TCO TIPNIS.

PARA QUIÉNES DEBE SER LA CONSULTA
La Sub-Central TIPNIS es la organización que representa a las sesenta y cuatro comunidades chimanes, moxeñas trinitarias y yuracarés asentadas en la TCO TIPNIS. Esta es la máxima instancia de representación legal, a quien se le entregaron las tierras, y es la propietaria jurídica del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. Para decirlo categóricamente: la Sub-Central TIPNIS es la dueña legal de la TCO y es a quien se le debe hacer la consulta. Ahora bien, este procedimiento no es igual a un referéndum.
La Constitución Política del Estado (CPE) vigente, consigna que los pueblos indígenas tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones”. Se trata entonces justamente de una consulta para ver si está o no de acuerdo con la construcción de la carretera a la Sub-Central TIPNIS.
El hecho de que el gobierno pretenda incluir en todo esto al CONISUR no hace otra cosa que poner en duda la correcta intención con la que tendrían que proceder el gobierno y el Estado boliviano. Esto es algo en lo que la CPE hace hincapié de forma clara y contundente cuando señala que “se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada”.
Es el Estado el que está llamado a hacer la consulta, pero respetando las formas de organización de los pueblos indígenas y no pretendiendo confundirlas y  suplantar a las mismas con otras que no tienen vela en este asunto. El rol que está jugando CONISUR no es otro que el de salvaguardar, con el padrinazgo del poder, los intereses cocaleros.

LAS ASIMETRÍAS EN LA CONFRONTACIÓN
No es tan sólo la presión de los cocaleros la que enfrentan los indígenas propietarios del TIPNIS. Detrás de los productores de coca están los intereses políticos del MAS, las capacidades del gobierno y el despliegue del Estado como tal. Pero esto toma ya un cariz personal en lo que hace a la voluntad del presidente Morales y su compromiso con las bases que originaron su poder. De acuerdo con declaraciones de dirigentes cocaleros, ellos recibieron una promesa electoral de acceder a tierras para sus cultivos al interior de la TCO TIPNIS. Al respecto, las recientes declaraciones públicas del ex embajador boliviano ante las Naciones Unidas, Pablo Solón, resultan esclarecedoras: “creo que hay que reconocer los errores. Hay promesas que uno hace y uno se da cuenta luego que está equivocado. Ésta fue una promesa equivocada y no hay que cumplirla. Este conflicto que se va dar entre pueblos indígenas y gobiernos y entre compañeros es insostenible”, apuntó.
En el escenario también juegan los intereses del sector petrolero. De acuerdo a un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario(CEDLA), 358.000 hectáreas del TIPNIS -es decir, un tercio de su superficie- fueron declaradas por el gobierno boliviano como áreas para el aprovechamiento de hidrocarburos. Existen contratos ya firmados en este sentido con YPFB Petroandina SAM (YPFB y PDVSA), Petrobras y Total.
Finalmente, están los intereses de Brasil y de toda la región que buscan integrarse estratégicamente a través de vías para el transporte. La Iniciativa IIRSA ha sido retomada por la UNASUR en 2011 bajo el nombre de COSIPLAN. No es en gratuito que el BNDES sea quien financia la vía en un 80%. Tampoco resulta en vano la venida al país del ex presidente Lula da Silva a darle su respaldo a OAS -la empresa encargada de la construcción de la carretera-, y al actual contrato en sí.
Como se ve, los intereses a favor de la carretera son demasiado grandes y apenas 12.000 indígenas resulta un escollo muy débil para tantas capacidades desplegadas y compromisos de por medio.
Lo único que le pone un contrapeso a todo esto es la legitimidad lograda, a punta de voluntad y coherencia, por el movimiento de los pueblos originarios del oriente. Finalmente, aunque ahora ya no quieran ni acordarse quienes detentan posiciones de coyuntural predominio, este pequeño ejército de pobres, armados apenas por sus pies, su tambora y su sed de dignidad, fueron los únicos que le doblaron la mano al poder actual.
Dependerá de muchos azares el lograr que esto sea así nuevamente. Si se impone la visión del gobierno, lo avanzado hasta ahora por el proceso político quedará en entredicho; no habrá, en los hechos, el reconocimiento a otras formas de comprender la economía y la gestión de la tierra que aquella que dicta el paradigma capitalista y la gestión del poder en Bolivia reiterará su desprecio por los más pobres y vulnerables.
Independientemente del desenlace, las bolivianas y bolivianos llegamos a comprobar que el abuso y avasallamiento del poder hacia los indígenas del orientes es algo mucho más profundo y estructural que un rostro indígena o un acento gringo en el sillón presidencial. Esto parece darse en una dimensión continua que corre paralela a la historia en el inconsciente colectivo y que es capaz de afectar la forma de entender la práctica política en nuestro país y definir la construcción del Estado boliviano.

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