La IX Marcha Indígena: más allá del TIPNIS

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Publi 14

Publicado en fecha junio 08, 2012

Al Gobierno le incomoda el carácter democrático y pacífico de la movilización indigena porque revela la arbitrariedad y el abuso del poder.

¿Por qué la IX Marcha Indígena se realiza y logra apoyo pese a todo lo obrado por el gobierno? ¿Por qué poco menos de medio millar de mujeres y hombres caminando tiene un impacto tan relevante en la sociedad y el Estado boliviano? ¿Cuál es la razón por la que este grupo numéricamente tan pequeño signifique más que toda la oposición junta? Las respuestas exceden, por mucho, el solo espacio territorial del Isiboro-Sécure.

Indígena, originario, campesino
En la actual Constitución Política del Estado aparece como sujeto de primer orden el indígena, originario, campesino. Existe un capítulo entero, el cuarto, destinado a establecer los derechos de esta construcción. Aquí empieza efectivamente el dilema, la contradicción. La IX Marcha Indígena está dejando en evidencia que las culturas, cosmovisiones, formas de producción y de relacionamiento con la tierra y el medio ambiente no son las mismas al interior de la formulación planteada. Los indígenas de tierras bajas no piensan de la misma manera que los originarios de las tierras altas y sus intereses difieren en mucho, en ocasiones diametralmente, de las de los campesinos.
En la formulación del Estado plurinacional, el indígena, originario, campesino es entendido como el sujeto del mismo; justamente el contenido de la plurinacionalidad radica al interior de esta categoría. Esta es la razón por la cual lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará con la movilización de los indígenas del oriente toca medularmente al proceso constituyente, al Estado y hace que la gestión del poder de quienes lo detentan en la actualidad entre en una contradicción de fondo.
La IX Marcha Indígena es la evidencia más clara de los errores conceptuales que tiene el Estado plurinacional tal cual está escrito. Mientras la mirada hacia los pueblos indígenas continúe siendo monolítica, patriarcal y subalternizadora, este entuerto no se va a resolver; no ya únicamente en lo que hace al conflicto por la carretera a través del Isiboro-Sécure, sino en la construcción estatal y la gestión de poder. Se pretendió reducir la diversidad existente entre indígenas de tierras bajas, originarios de tierras altas y campesinos a una sola entelequia, formulada al tamaño de la comodidad en el pensamiento de un grupo de intelectuales. Un acto de taquigrafía mental se elevó a rango de categoría constitucional. Si a eso se le suma que en esa misma condición acabaron incluidos de refilón los cocaleros, tenemos una realidad demasiado diversa y compleja como para encajar en la simplificación planteada.
Ante los ojos de todas las bolivianas y bolivianos, lo que la IX Marcha Indígena está revelando no es otra cosa que la desintegración del sujeto histórico planteado en la Constitución Política del Estado.

Democracia y pacifismo, aunque duela
¿Por qué la VIII Marcha Indígena logró el apoyo sincero y multitudinario que se dio cuando llegó a la sede de gobierno? ¿Por qué otras movilizaciones, como por ejemplo la de los médicos, no logran efectos similares entre la ciudadanía? ¿Por qué las bolivianas y bolivianos se identifican más con los indígenas que con el gobierno en estas circunstancias? La sola explicación de la simpatía por el más débil no alcanza para llegar al meollo de lo sucedido.
Si hay una cosa cierta acerca de la movilización indígena, más allá de ninguna duda, es el carácter eminentemente democrático y pacífico de la misma. Es difícil imaginar una forma más simple, libertaria y respetuosa de formular una protesta frente al abuso del poder que el sencillo acto de caminar. Esta es la parte que le incomoda al gobierno, la parte que no puede resolver, la que por contraste revela meridianamente su proceder abusivo y autoritario. Es también la razón insoslayable para comprender por qué todas y cada una de las marchas indígenas gozaron del amplio respaldo popular.
En Chaparina, el 25 de septiembre del año pasado, se evidenció la diferencia radical en las formas de comprender el ejercicio de la democracia entre quienes ocupan el poder de turno y los indígenas del oriente boliviano. Frente a la violencia, absolutamente injustificable, la respuesta fue el coraje de seguir marchando sin devolver el golpe con otro golpe. Esto validó aún más a la protesta entre la ciudadanía urbana y mostró de forma contundente la vocación pacífica de los movimientos indígenas del oriente.
El gobierno en su laberinto
Las imágenes de Chaparina tienen la triste virtud de dejar en claro que en este conflicto existen tres protagonistas centrales: los indígenas del oriente, cuya visión sobre la propiedad de la tierra tiene un sentido comunitario y de preservación del bosque; los colonizadores de tierras altas existentes en la zona, cuya relación con la tierra se da bajo los cánones de propiedad privada y área de cultivo; y el gobierno, como expresión del MAS desde el poder. El punto central es el desencuentro entre dos perspectivas culturales e intereses diferentes acerca de la tenencia, forma de ocupación y uso de la tierra. En un segundo plano están los otros interesados: OAS, BNDES, Brasil, el sector petrolero y otros.
¿Cuál es el rol del MAS, y consecuentemente del gobierno, en todo esto? Lo que motiva su determinación a favor de la carretera por el trazo planteado es que los directos beneficiados son los colonizadores campesinos y cocaleros de la zona, quienes constituyen la base dura, el núcleo y origen del poder del presidente Morales. Existen varias declaraciones públicas de los dirigentes de estos grupos en sentido de que existe una promesa electoral de dotarles de tierras al interior del territorio indígena; además esto fue reconocido por el ex embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, Pablo Solón. Una de las reglas de oro en política es no perder nunca el apoyo de los más fieles. Por lo tanto, existe un interés claro del poder por mantener para sí el favor de estos grupos. Tampoco se debe perder de vista que la relación del presidente Morales con el movimiento campesino y cocalero del trópico cochabambino es personal, de carácter autobiográfico.
Entonces, el gobierno se encuentra en un intríngulis de difícil resolución. Si la carretera no se hace, podría aspirar a mantener para sí la legitimidad que tienen entre la ciudadanía las banderas de la defensa del medio ambiente, la inclusión de los indígenas, el proceso constitucional y la plurinacionalidad del Estado boliviano; pero esto será a costa de incumplir la promesa referida a su base más fiel. Por el otro lado, si efectivamente realiza la carretera por en medio del Isiboro-Sécure, habrá prevalecido, será su victoria, pero a la vez esto significará la negación de todo lo avanzado y la pérdida de elementos centrales de su repertorio discursivo en los que se asentaba su legitimidad; será una victoria a costa de sí mismo.

El poder, esa tentación
Otro elemento que está presente en el conflicto es la forma de relacionarse con el poder que tienen el presidente Morales, su entorno y consecuentemente el gobierno. Cuando el movimiento popular contestatario al neoliberalismo y al régimen de la democracia pactada asume el mando del país, empoderando en ese camino a Evo Morales, la propuesta era un cambio democrático y que renueve culturalmente a la sociedad y al Estado. Hasta ese momento, en ningún momento se habló de hegemonía y menos entendiendo a ésta como la posibilidad del ejercicio arbitrario del poder ad aeternum.
De alguna extraña manera -pero muy humana, demasiado humana-, en algún momento apareció dentro de las mentes de la cúpula del MAS la promesa autoformulada de ejercer el poder de forma autoritaria. Nadie les impuso esta condición, la asumieron por cuenta propia. Por ejemplo, ¿cómo es concebible que este gobierno haya pensado en la posibilidad de imponer una medida como el gasolinazo, en esa magnitud? La única explicación posible es que efectivamente creyeron ante sí mismos en su omnipotencia e infalibilidad. Sin embargo, la realidad demostró otra cosa. En el caso del movimiento indígena del oriente boliviano y su defensa del Isiboro-Sécure, parece estar pasando algo similar. El gobierno no dudó en recurrir a cuanto recurso tuvo a mano, incluso si eso significaba destruir las estructuras de la representación de los pueblos de tierras bajas y recurrir a las viejas prácticas de cooptación frente a las que éste régimen supuestamente constituía una alternativa diferente.
Independientemente de lo que diga la actual Constitución Política del Estado, las antiguas mañas del poder siguen tan presentes como siempre. El cambio que tenía que producirse no está teniendo al presente un remate real en los temas de fondo más allá de la letra escrita. La construcción del Estado plurinacional y autonómico está encontrando sus límites justamente en una conducción que se niega a repartir poder, a ser genuinamente democrática y a respetar los derechos de las minorías más sensibles del país. El porqué esto se da no parece poder explicarse a partir de elementos ideológicos ni de la fuerza de la coyuntura. Más que ser aspectos que tengan que ver con contenidos y necesidades, todo indica que son aspectos relacionados con el psicoanálisis y la patología del poder.

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