¿Para qué nueva Ley de Hidrocarburos?

Publicado en Economía

Tagged:

Publi 12

Publicado en fecha junio 08, 2012

Los contratos vigentes ya tienen fuerza de ley, asegura el gobierno, entusiasmado por atraer inversores, aunque los petroleros sugieren nuevas y mayores retribuciones, incentivos y ventajas.

El mensaje del Vicepresidente fue claro y contundente: La nueva Ley de Hidrocarburos que fragua entre el Parlamento y el Ejecutivo no tendrá modificaciones sustanciales respecto del decreto de nacionalización petrolera y los contratos aprobados en la Asamblea Legislativa.
Las empresas extranjeras deben estar seguras de que “las reglas ya están definidas; no nos vamos a mover en ese modelo”, dijo Álvaro García Linera al clausurar el II Congreso Gas & Petróleo, realizado en Santa Cruz a mediados de mayo, en presencia de una diversidad de transnacionales petroleras, la mayoría latinoamericanas.
En seguridad jurídica,  desde la nacionalización del 2006 todos los contratos petroleros en Bolivia deben ser aprobados en tres instancias: la estatal YPFB, el Gabinete y el Presidente y la Asamblea Legislativa.
Así “terminan teniendo un carácter de Ley del Estado Plurinacional en todos los puntos acordados; el contenido no sufre modificaciones de ninguna naturaleza en toda la vida útil del contrato”, confirmó el presidente de la empresa petrolera nacional, Carlos Villegas.
En resumen, recalcó a su vez el Vicepresidente, no debe haber preocupación sobre seguridad jurídica: “está garantizada, tiene que ver con un tipo de contrato y las reglas están dadas en los contratos de operación; la ley no los modificará”.
No fue una sorpresa
Las ventajas habían sido anticipadas por Villegas 48 horas antes de la inauguración, aludiendo a tres pilares en favor de los inversionistas que anhela el gobierno del presidente Evo Morales:
Contratos de servicios de exploración y explotación “bajo la forma de Ley del Estado”; “rentabilidad atrayente” en los contratos de exportación a Brasil y Argentina, y precio mayor del gas para la industrialización que del mercado interno.
Y una señal importante: “Bolivia ya estabilizó los cambios que se dieron en el sector como producto de la nacionalización de los hidrocarburos”.

PARA DEJAR LA COLA
Villegas fue, a su manera, la estrella del evento, estrechamente colaborado por el mayor ejecutivo de YPFB Transportes, Christian Inchauste.
Pero el objetivo fue captar inversiones –también bajo la forma de los llamados “incentivos”, tributarios o no, con devoluciones de costos o sin ellas–, todas las que se pueda en condiciones aceptables, estando como está el país en los últimos lugares de destino de los capitales petroleros.
Muy lejos de Colombia y Perú, por ejemplo, que registran incrementos de 278 a 5.083 millones de dólares el 2011 en el primer caso, mientras   Petroperú anuncia 14.000 millones en la construcción de un gasoducto Sur, además de un polo petroquímico en Ilo y otras poblaciones, según expusieron sus representantes en el Congreso, el colombiano Héctor Manosalva y el peruano Humberto Campodónico.
Brasil, México, Chile y Colombia fueron los principales receptores de inversión extranjera en la región el año pasado, con porcentajes del 43, 13, 11 y 9, respectivamente, según la CEPAL, mientras Argentina, Venezuela y Bolivia se consolidan en un segundo plano, con niveles de 5; 3,5 y menos del 1%, en ese orden.
Pese a los esfuerzos de los últimos años,  la escasez de capitales comienza a preocupar a petroleros privados y estatales, y el II Congreso fue considerado una forma de recuperar el tiempo perdido.
Antes del evento, la petrolera estatal  dijo estar ejecutando su Programa de Inversiones 2011 con una marca histórica de 1.814 millones de dólares, monto que triplica el promedio de los últimos cinco años.
En aplicación de los 43 contratos de operación, las transnacionales contribuyen con un aproximado de 37% (672 millones), mientras que YPFB Corporación participa con el  62% , es decir 1.141 millones a través de YPFB Casa Matriz y sus empresas subsidiarias Chaco, Andina, Petroandina, Transporte, Logística, Refinación y Aviación.
Villegas dijo en el Congreso que las nuevas inversiones no van a llegar de la noche a la mañana aunque el proceso augura un buen camino: “si prosperan las negociaciones y contratos vamos a tener cuatro nuevas empresas en el ámbito de hidrocarburos en territorio nacional”.
En lo que los observadores críticos del sector hidrocarburos en el país consideraron que se ampliaba el dominio petrolero de Repsol y Petrobras en Bolivia, YPFB anunció la entrega de tres áreas para la brasileña y otras dos para la española.
“Se ha cerrado ya una negociación con Gazprom. Similares negociaciones están en curso con los equipos técnicos de YPFB y las empresas Ecopetrol, Sinopec de China y Pacific Rubiales de EEUU”, anticipó también.
Unos 300 visitantes y observadores, entre ejecutivos de Petrobras, YPF, Ecopetrol, Petroperú, Pemex y otros consorcios, además de periodistas y curiosos, escucharon en dos jornadas a 15 expositores. Muchos otros siguieron las presentaciones en directo por la internet, dado  que el precio de la inscripción individual bordeaba los 360 dólares

MÁS ATRACTIVOS
Fuentes allegadas a las petroleras privadas dejaron saber que  la devolución de los costos recuperables por la gestión 2011 sumó 730 millones, aunque sus  inversiones no sobrepasaron los  800 millones.
Petrobras y Repsol producen casi dos tercios del gas y el petróleo que se genera en Bolivia y se han adjudicado cerca a la sexta parte de todas las áreas de exploración hidrocarburífera nacional, aseguró un estudio del  Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
Según su investigador, Carlos Arze, las compañías que tienen a su cargo el 82% de las riquezas hidrocarburíferas bolivianas, controlan anualmente más de mil millones de dólares del valor de la producción de gas natural y petróleo: a pesar de la “nacionalización”, un poco más de un tercio de los ingresos generados fue a parar a manos de consorcios extranjeros, señaló.
Poco consideraron los ejecutivos petroleros al respecto, pues ninguno de los temas expuestos abarcó esos extremos, dedicándose más a preocupaciones de exploración y mayores ganancias con nuevos recursos como el shale gas o gas de esquisto; o a la forma de aumentar los beneficios derivados de los contratos.
“Uno de los incentivos más importantes son las reglas de estabilidad jurídica y hay unos, tributarios, asociados a las inversiones”, destacó el colombiano Héctor Manosalva, presidente de Ecopetrol.
Otros incentivos  están asociados a la inversión y se deducen tributos en un 30% a las inversiones; un estímulo más, describió, es el reconocimiento a la depreciación acelerada de las inversiones de capital.
En Bolivia, un beneficio adicional para las empresas que operan campos pequeños sería el pago escalonado del IDH, avizoró el ministro Eduardo Alarcón: “también pensamos que cuando se empiece a producir, parte del IDH no se empiece a pagar inmediatamente, sino que vaya a hacer una devolución más acelerada a la empresa que hizo una inversión fructífera en exploración”, dijo.
“Si las condiciones cambian, es una condición de inseguridad porque no saben de qué manera va a cambiar, los cambios pueden ser favorables o desfavorables. Entonces cuando se hace la evaluación de un contrato de inversión, que es por varios años, se lo hace pensando en que va a haber una estabilidad contractual y tributaria”, dijo el gerente de Ecopetrol, Humberto Fuenzalida.
El “buen escenario” preparado por el gobierno para los inversionistas fue relievado por los petroleros que destacaron la reciente decisión de entregar a las empresas, bajo la modalidad de incentivos 30 dólares adicionales en  notas de crédito.
“Más que un incentivo es una claudicación a la exigencia de las transnacionales de obtener en el país los mismos réditos que obtendrían comercializando nuestros recursos naturales en el mercado internacional. Recordemos que las empresas petroleras no estaban reclamando que estaban perdiendo, sino que no estaban ganando a los niveles que el precio internacional del petróleo, de estar vigente en Bolivia, les permitiría ganar”, observó el analista Gustavo Rodríguez Cáceres.
No es falta de capacidades, sino una decisión consciente, “estudiada”, que señala “la completa abdicación de la ya tímida nacionalización de hidrocarburos ante el capital transnacional”, concluyó.

¿REVELARÁN LAS AUDITORÍAS PETROLERAS?

Como a otros periodistas, para Rafael Sagárnaga, enviado por El Nacional de Tarija, no pasó inadvertido el llamado del presidente Morales a investigar los daños anteriores a la nacionalización de los hidrocarburos, en contradicción con la postergada difusión oficial de las auditorías petroleras elaboradas por el extinto y veterano defensor de los recursos naturales, Enrique Mariaca.
“Como es sabido, dichos documentos resultaron misteriosamente ignorados por las autoridades de gobierno y sus autores fueron marginados de sus funciones”, recordó, señalando:
A partir de aquella decisión el proceso de negociación de contratos con las transnacionales se alteró. Bolivia no hizo uso de aquel instrumento legal para cambiar su relación con empresas que todavía hoy operan en el país.
Diversos críticos y ex autoridades han asegurado que a partir de entonces y las polémicas  firmas de nuevos contratos petroleros el proceso de Nacionalización de los Hidrocarburos se desvirtuó definitivamente.

VILLEGAS: REGLAS Y REMUNERACIONES

Hay 60 TCFs en 104 áreas exploratorias en manos de YPFB, que son el 41% de potencial hidrocarburífero del país, informó el presidente de YPFB, Carlos Villegas en el reciente Congreso Gas&Petróleo, organizado por la estatal petrolera, un nuevo escenario para ofrecer 15 de estas áreas a fin de aumentar la producción de combustibles.
De ellas cinco son para suscripción de contratos de servicios de exploración CSE y diez  para convenios de estudios CE. Las últimas tienen mayor potencialidad de petróleo que las otras. Extractos de su exposición. (Funcionarios de la estatal ofrecieron entregar el texto completo en 15 días).
13 áreas de exploración asignadas a YPFB son ejecutadas por sus brazos operativos o empresas subsidiarias. Otras  30 están bajo contratos de operación y  en proceso de negociación.
Respecto de los CSE: en exploración, la empresa interesada y futura socia debe realizar los desembolsos y asumir los riesgos de la inversión. Si la exploración resulta positiva hay una declaratoria de comercialidad que permitirá la conformación de una SAM entre la empresa y YPFB; y esta sociedad es la que se compromete a devolver el 10% de la inversión realizada en la fase exploración.
Hay la certeza de que se recuperará toda la inversión realizada en la medida en que sea positiva. Si es así se conforma la SAM  y las ventajas en desarrollo y explotación serán de las dos empresas, responsables de encontrar fuentes de financiamiento de manera que se asegure la primera producción.
Retribución de una SAM: los ingresos brutos se distribuyen: 50% en costos de administración,  y el remanente entregado a la SAM de tal manera que la empresa cubrirá todos los gastos APEX Y COTEX. El resto, utilidades a ser distribuidas en los porcentajes estipulados.
El gobierno mejorará sustantivamente la remuneración del petróleo en Bolivia.
Antes de la nacionalización las privadas tenían amplia libertad, eran propietarias de la producción, la vendían y definían precios. Ahora son empresas de servicio: tienen íntima vinculación con YPFB porque es la que participa en todo el proceso a través de programas de Trabajo y Presupuesto que se aprueban. Hubo problemas al principio, de coordinación con las empresas.

Comparte este articulo

No Comments

Comments for ¿Para qué nueva Ley de Hidrocarburos? are now closed.