IGUALMENTE EXCLUYENTE

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Publicado en fecha agosto 22, 2012

De la rudeza con los marchistas del Tipnis y  los chicotazos del odio en La Paz, el régimen pasa al teleférico y una decena de multimillonarias obras electorales, en un contexto donde las prácticas excluyentes contra las mayorías en el pasado, se tornan hoy contra las minorías del presente.

Si la táctica del régimen era electoralizar anticipadamente el país para distraer a la ciudadanía respecto de los desvíos del proceso sus renuncias y engaños, sus abscesos de  corrupción y narcotráfico, y la decepción por las esperanzas de cambio, el plan parece estar dando resultado con la oferta de multimillonarias obras hasta el 2014, ya con la simple mira de reproducir el poder por el poder.
El catálogo incluye al próximo Censo de población, convertido por la rudeza de las extendidas provocaciones gubernamentales en otro trofeo preelectoral que el oficialismo se apresta a obtener eliminando, el término mestizo y la casilla “ninguno”, para evitar una dura respuesta de las clases medias y otros importantes segmentos sociales a la exaltación manipulada de lo indígena, una de las bases de sustentación demagógica de la actual élite en el poder.
El mestizaje como una forma de identificación de los bolivianos y alternativa frente a las 36 variantes indígenas del país, fue excluido de la boleta censal pese a que lo mestizo, como producto del sincretismo, la fusión y la mezcla racial, cultural, religiosa y social define a Bolivia, donde sólo tres de los diez millones de habitantes pertenecen a pueblos indígenas y originarios.
Muchos de ellos como el jefe del Estado, Evo Morales Ayma, un dirigente cocalero de procedencia aymara, llevan una combinación de apellidos españoles, algunos de los cuales, como Ayma, de la heráldica catalana, se confunden con vocablos originarios.
“No soy indio ni soy blanco, ni soy otro…soy mestizo boliviano a mucha honra, hijo de japonés inmigrante y mestiza boliviana, hija, a su vez, de japonés y cruceña”, se identificó a sí mismo el poeta riberalteño Pedro Shimose.
Aunque el artículo 21 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la autoidentificación cultural, el gobierno argumentó presuntas razones de colonialidad, racismo y discriminación para desterrar lo mestizo en la consulta de noviembre próximo.
No obstante, otros ciudadanos comenzaron a proclamar que, en protesta por la exclusión y a modo de otro NO al régimen, declararán, cuando sean censados, que se identifican con los pueblos indígenas del TIPNIS.
La polémica mostraba que pese al desplazamiento de las administraciones neoliberales que antaño marginaron a las mayorías, permanecían las exclusiones de diversa índole, esta vez contra las minorías adversas al gobierno.
LLAGAS Y PODREDUMBRE
Precisamente, la exaltación del indigenismo en el contexto de una ratificada candidatura electoral fue el tema predominante, al menos en cuestión de tiempo, del último mensaje presidencial, pese a que con el distanciamiento de los indígenas del oriente (CIDOB) y las discrepancias con los ayllus y marcas del altiplano (Conamaq), el otrora poderoso Pacto de Unidad ha sido conmovido en su pluralidad y representación, y subsiste más por las ansias de poder de cocaleros, ex colonizadores, campesinos y sus mujeres, que de los indígenas sean altiplánicos o de tierras bajas.
Fue la ocasión para el despliegue de las expectativas con miras al 2025, sin tocar en profundidad los grandes conflictos del presente o enunciándolos apenas de soslayo: narcotráfico, corrupción en YPFB y otras instituciones, fracaso del Mutún; omitiendo otros como el contrabando, la persecución política, la exclusión de las minorías, el extractivismo, el retraso del litio, la intolerancia, los desvíos del proceso y la necesidad de reconducirlo.
Con su pretendido ensayo de interpretación histórica, leído a los tropezones se advirtió una vez más que al Presidente no le gusta ni se siente cómodo leyendo, Morales intentó mostrarse como “una especie de redentor”, calificó el politólogo Carlos Cordero; “de político que ha roto la sumisión y la exclusión”.
Detrás del discurso, se vio la mano de historiadores, sociólogos y otros intelectuales que se mantienen adscritos al régimen en su intento de eslabonar las luchas indígenas con un mandatario cuestionado. “Ocultó la crisis de descomposición y desaliento que hay en el gobierno” comentó el ex viceministro Raúl Prada.
“No es tanto lo que dijo sino lo que oculta”, señaló también el analista Gonzalo Mendieta: “si juzgáramos por las intenciones, hay anhelo de prolongar lo más posible el poder; y no señaló los últimos conflictos tal vez porque no le conviene ni tiene fuerza para afrontarlos”, añadió. “Pareciera  que el gobierno ha cumplido el objetivo para el que fue elegido elevar a lo indígena,  lo demás es economicismo y desarrollismo”.

MIENTRAS TANTO…
Palabras aparte, las secuelas de la corrupción y el narcotráfico no son las únicas que marcan la huella por donde ha pisado la impronta gubernamental y se proyecta: la enumeración, no exhaustiva, de eventos ocurridos antes, durante y después del mensaje presidencial, ya no asombra a sus críticos. Mucho menos a sus admiradores.
No sólo están los temas pendientes de los yacimientos mineros de Colquiri y Mallku Khota donde las brasas aún arden: no se cumple el decreto de acuerdo con el gobierno y los comunarios, de vuelta a La Paz, exigen la salida de 450 lavadores ilegales de oro en la laguna nortepotosina, mientras los cooperativistas colquireños han retornado también a La Paz para presionar por la veta prometida, lo que despierta el celo de los sindicatos mineros, en un sector donde la mecha arde y nadie, ni los sindicatos estatales, ni los cooperativistas por cuenta propia, ni las transnacionales y privadas, ni el mismo Estado han dado muestras de solucionar el conflicto antes de que se prolongue y estalle con mayor intensidad, peor aún con las nacionalizaciones que restan inversiones y provocan litigios en cortes internacionales.
Por el lado de la gestión y las corruptelas, no pasan cuatro semanas desde que el Ministerio de Economía identificó a la Aduana como la responsable del robo de los 64 vehículos de un Depósito Especial Aduanero  en Uyuni, al comenzar el año.
Iniciado agosto, el ex comandante de la Policía, Jorge Santisteban todavía se escabullía de sus presuntas responsabilidades en el caso Unipol, de exacción de miles de dólares a aspirantes a cadetes policiales, un negocio que involucró incluso a una abogada que se hizo pasar como docente de la Academia de Policías, de donde, curiosamente, fue dado de baja un alumno singular: el hijo de la líder de las esposas de policías que encabezó el motín nacional de julio.
Ligada a la represión gubernamental, brillaba antes de las fiestas patrias la separación del ex ministro Sacha Llorenti de las investigaciones en torno al matonaje de indígenas en Chaparina, dando  lugar a que “campee la impunidad en el país, según el Defensor, Rolando Villena y echando la comisión de fiscales el fardo al entonces subcomandante Oscar Muñoz.  “Si lo  excluyeron significa que ahora nadie es responsable, ni nadie dio la orden para la intervención policial a la octava marcha indígena en 2011”, acotó el dirigente Fernando Vargas.
“Y si liquidan políticamente al Ministro de la Presidencia, indirectamente están afectando al Presidente”, opinaba el mismísimo  ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana en torno a las denuncias de la revista brasileña Veja sobre narcotráfico, que junto al asilo del senador opositor Róger Pinto, endurecieron las relaciones con Brasil, que a su vez desplegó 10 mil soldados en sus fronteras para detener la ola de los cárteles de la cocaína en Bolivia y otros países.
Tras el asalto a dos buses de transporte interprovincial paceño, el alcalde de Apolo, Dionisio Gutiérrez, confirmó que la zona es ruta de tránsito de la droga peruana, y que los habitantes y  autoridades tienen miedo de denunciarlos por temor a represalias, al tiempo que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que el país se ha convertido  en abastecedor de droga para cárteles mexicanos.
No cesaba asimismo, el hostigamiento contra los dirigentes del TIPNIS que se oponen al proyecto de abrir a la explotación, con una impugnada carretera, el núcleo del parque y territorio indígena Isiboro-Sécure donde el gobierno lleva adelante una consulta rechazada por diversos sectores de la sociedad civil.
Por su  parte, la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz mantenía indeciso el  pedido de separación definitiva del asambleísta masista Gabriel Pinto Tola, sobre quien pesa una condena  de 30 años de cárcel por el asesinato del alcalde de Ayo Ayo, en un suceso ocurrido el 2004. La propia presidenta del Consejo de la Magistratura, la oficialista Cristina Mamani, estaba también acusada de tráfico de influencias para la nominación de notarios de Fe Pública
Desde Tarija, donde reside el ex presidente Jaime Paz, la prensa cuestionaba su presencia reiterada junto al jefe del Estado como un anticipo del retorno al juego de pactos electorales con miras a los próximos comicios para detener la caída por la preferencia masista y el relativo avance de las fuerzas opositoras ante el desgaste de gestión.

GANAR COMO SEA
Ante el panorama, las previsiones masistas consistían en sumar, pese a los contrastes, algo inferior al histórico  64% de diciembre del 2009, pero superior al  40% más uno, al menos, que le permita eludir una eventual segunda vuelta con su más inmediato perseguidor, creyendo  estas estimaciones que, si acaso los opositores lograran incluso aglutinar un “50% del electorado que rechaza el cambio”, éste  se fragmentará en al menos tres candidaturas.
Tal vez por eso apuestan a la táctica presidencial de visitar tres o cuatro comunidades, pueblos o municipios por semana, teniendo el pretexto para la entrega de obras electorales a fin de lograr mayores votos en campaña oficial, a título de gestión, entrando allí la utilidad proselitista de los megaproyectos por 3.700 millones de dólares, con su proyecto estrella: el satélite de comunicaciones, seguido de las desportilladas separadoras de licuables de YPFB, la plantea de urea-amoniaco en el Chapare, caminos y viviendas.
Siguen apostando también los planes palaciegos a que la oposición, desconcertada, sin unidad a la vista (lo cual contribuiría, paradójicamente, a fortalecer el frente oficial) no tenga una propuesta alternativa a la opción masista.
El ex ministro Félix Patzi, estima que Morales tiene dos años y medio para revertir la mala imagen que ostenta fuera de sus acólitos, y que varias de las acciones  que se definan de ahora en adelante estarán dentro de las lógicas de una campaña política.
Por lo pronto el MAS admite que la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la reforestación son las grandes debilidades que tiene, aunque confía en la industrialización de los hidrocarburos y los minerales, la  seguridad alimentaria, la dotación de servicios básicos y la consolidación de las autonomías, para seguirse prorrogando en el poder. ¿Será? También Stalin sacó a Rusia del arado de palo para dejarla con bomba atómica, a costa de las libertades y el sacrificio de la disidencia.

Evo puede proclamarse candidato hasta el 2025, pero los indígenas del oriente y la Amazonia nunca más votaremos por él; votamos para que sea  reelegido, pero nos equivocamos: traicionó a los pueblos indígenas, nunca más votaremos por el MAS. El proceso de cambio ha sido distorsionado por este gobierno”. Nazaret Flores, presidenta de la Central de Pueblos Indígenas del Beni.

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