ATRABILIARIO

Publicado en Política, Portada

EVO DEDITO 0019

Publicado en fecha octubre 24, 2012

Pot: Rolando Carvajal

Que sea de libre nombramiento la designación de la hija de una ministra en una secretaría de la Embajada en Alemania, no quita que eso simplemente no deje de llamarse nepotismo, lo mismo que, entre otros, el caso del vástago que fue alto funcionario de YPFB y la Agencia de Hidrocarburos mientras el padre fue ministro, como una muestra más de las arbitrariedades del régimen y lo atrabiliario del caudillo destituyendo a otro de sus colaboradores más cercanos por un problema de agua congelada en el gélido Uyuni.

El término, que deviene de “bilis negra”, define a una personalidad de ánimo destemplado y genio violento, y cae como anillo al dedo en evaluaciones recientes tanto de la política exterior brasileña como del gobernante Partido de los Trabajadores, del ex presidente Lula da Silva y la actual mandataria Dilma Rousseff.

Sus analistas, leídos en esferas del contradictorio y caprichoso bloque en el poder en Bolivia, consideran que las grandes empresas que contribuyeron al financiamiento de diversas campañas en la última década, han sido “maltratadas”, poniendo como ejemplo a la constructora OAS y su virtual expulsión del país cuando se encontraba a punto de cerrar jugosos negocios en la infraestructura carretera.

El distanciamiento de la administración brasileña de su par boliviana –sólo excepcionalmente disimulado en la lucha contra el narcotráfico, debido a la preocupación vecina porque buena parte de la cocaína le llega vía Bolivia–, encuentra también razones más añejas, como la “nacionalización” de los intereses de Petrobras en los campos gasíferos, o los riesgos que atraviesan los soyeros brasileños en Santa Cruz, más que la reciente negativa para que un senador pandino refugiado en la legación abandone  La Paz.

Distanciadas también respecto de los extremos del mandatario venezolano Hugo Chávez, ambas cúpulas en el poder “no tienen, actualmente, especialmente en política, de qué hablar”, comentan allegados al régimen del Estado Plurinacional, mientras en lo interno se acumulan otras arbitrariedades; muchas de la mano de los fiscales, tan solícitos a los deseos del líder.

ALGUNAS CUENTAS DEL ROSARIO

Como el caso de la joven Nina Mancilla, encarcelada hace cuatro meses sin pruebas plenas de ser responsable de una serie de atentados: “¿Desde cuándo ser defensora de los derechos de las mujeres, los niños y la pachamama es ser terrorista?”, pregunta desde su celda la defensora de la protesta indígena del TIPNIS, alejada por el poder de su hijo de tres años, nieto del ex embajador en México, Coco Manto.

A los medios que la servidumbre palaciega intenta hacer procesar por supuestas tergiversaciones, se ha añadido la exigencia de vocingleras ministras y viceministras para una “sanción ejemplarizadora” al director del grupo Fides, Eduardo Pérez, al jefe del Movimiento Sin Miedo, Juan Del Granado, de izquierda no fundamentalista, y al senador derechista Luis Pedraza por presuntos criterios “sediciosos”, “machistas” y “sexistas” respecto a la posesión de Gabriela Montaño como presidenta interina, dispuesta al parecer sin seguir los procedimientos constitucionales.

A fines de septiembre, para sentar escarnio, la opositora diputada Adriana Gil, que criticó al mandatario, resultó suspendida por tres meses.

Gil soporta la represión sin retractarse: “dije que el presidente fue mentiroso y desleal por traicionar al movimiento indígena del TIPNIS, insistió. “Quieren borrar de una forma amañada mi derecho a participar de la política”.

También a fines de septiembre, un empleado de la Vicepresidencia demandó ante la Fiscalía paceña a María Galindo, activista de “Mujeres Creando” y directora de Radio Deseo.

Otros operadores del oficialismo denunciaron ante el Ministerio Público en el Beni a Fernando Vargas y cuatro dirigentes de la Sub Central TIPNIS, por presunto atentado a la libertad de enseñanza y la salud pública, en medio del tira y afloja contra los intentos gubernamentales de continuar una cuestionada consulta en ese territorio y parque nacional entregando obras y enviando presentes al estilo de una campaña electoral.

El hostigamiento se ha ensañado con el alcalde paceño Luis Revilla que ya acumula 21 juicios, el último promovido, asegura, por el senador masista Eugenio Rojas. La “persecución política”, perjudica su gestión al frente del principal municipio del país, en presupuesto e inversiones, que ha demostrado resistencia al régimen.

El ex presidente Jorge Quiroga denunció  ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos una “sañuda persecución” contra los opositores y el despliegue de sistemáticas campañas para amedrentar a la prensa, en un cuadro donde  los órganos judiciales están “sometidos al gobierno” y son usados para perseguir.

“Género y origen étnico se han convertido, entre otras, en la terrible coartada para amenazar y amedrentar a los ciudadanos, pero muy especialmente a políticos y periodistas”, coincide otro ex presidente, Carlos Mesa.El uso de la justicia “a la carta” como un brazo largo y terrible que disfraza el autoritarismo es una forma de ejercicio no democrático del poder que pone en evidencia un miedo intrínseco de los poderosos, el de no ser capaces de confrontar en el mismo terreno y con las mismas armas a quienes piensan diferente, agregó Mesa ya entrado octubre, recordando:

“El ex presidente Quiroga ha sido acusado y sentenciado por varios ‘delitos’, por declaraciones hechas contra un banco local. Un fiscal, por el contrario, desestimó acusaciones idénticas presentadas por una empresa de juegos contra la ministra de Transparencia”.

 

¿PREMIOS AL “SACRIFICIO”?

Lo atrabiliario parece extenderse a las designaciones:

Por el mismo camino de las distinciones con embajadas, consulados y diversas compensaciones a ex ministros, entre otros prominentes altos funcionarios, por dar la cara por el caudillo y la eventualidad de liberarlo de responsabilidades en decisiones extremadamente peligrosas, personajes como Alicia Muñoz o Jorge Alvarado, ex presidente de YPFB, gozan de cargos de privilegio en servicio exterior.

Muñoz, que el año pasado se trasladó del consulado en Ginebra al de Barcelona, fue ministra de Gobierno durante los enfrentamientos de octubre del 2006 en Huanuni por el yacimiento Posokoni, cuando  murieron 16 personas, sostuvo que tampoco tuvo responsabilidad en los conflictos en enero de 2007 en Cochabamba donde murieron dos personas y resultaron heridas otras 200 tras la “toma” de la Prefectura por los cocaleros.

El ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusado por opositores de haberse involucrado en el caso de 33 camiones de contrabando en Pando, creó después de su salida una agencia para el desarrollo de regiones fronterizas, antes de volver al Ministerio de la Presidencia.

El último de los casos es emblemático: el ex ministro Sacha Llorenti durante la represión a los indígenas del TIPNIS en Chaparina, fue elegido por el Presidente como embajador ante Naciones Unidas, desatando la reprobación unánime de la oposición, los organismos de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.

Lo atrabiliario tiene que ver asimismo con la campaña permanente del presidente-candidato: “El presidente Evo Morales sigue actuando como jefe de su partido, participando en campañas electorales, entregando regalos en el Tipnis, usando medios del Estado, a pesar de que se trata de un comportamiento contrario a la ética y también a las leyes”, remarca El Deber.

DIFERENCIAS QUE DISCRIMINAN

El criterio atrabiliario también discrimina: una de las diferencias es que a los indígenas amazónicos del TIPNIS el régimen dispersó a chorros de agua fría en pleno invierno mientras que en la trágica trifulca por Colquiri, con una muerte de por medio,  el carro “Neptuno” brilló por su ausencia.

Entre las similitudes, nuevamente la estrategia confrontacional coloca esta vez, frente a frente, a indígenas contra indígenas y mineros contra mineros, mientras  los ayllus nortepotosinos y “ponchos rojos” dan lecciones de fuerza al estado Plurinacional: unos imponen la explotación comunitaria de los yacimientos de Mallku Khota, los otros retienen a ministros en su tarea de conservar la administración de la altiplánica Emprelpaz, intervenida por el gobierno bajo indicios de corrupción.

Y mientras la falta de temple y los caprichos se extienden en el manejo de la cosa pública, el narcotráfico y el contrabando, dos de las cinco grandes taras de los últimos tiempos no paran de afectar a la sociedad y su seguridad.

Por lo pronto el gobierno declaró a Yapacaní, San Germán y Nuevo Horizonte, poblaciones aledañas al Chapare de los cocaleros sobre la carretera a Santa Cruz como “zonas rojas” para la lucha antidroga y anunció la instalación de una base de operaciones.

“Se trata de una zona donde se dan las condiciones para la expansión de los cultivos con la producción de cocaína”, dijo el ministro de Gobierno.

Previamente, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, reveló  que los narcotraficantes emplean carreteras y pistas clandestinas para el descenso de aeronaves con drogas en Santa Cruz, La Paz, Pando y Beni. “Se han trasladado al sector de Apolo, estamos hablando del Parque Madidi, y todo el sector de lo que sería Cobija y parte del Beni”…Hemos detectado que carreteras (antes y después de Yapacaní) son las que están utilizando como pistas”.

Y cada vez mayores cantidades de coca cosechada eludían el mercado legal, con destino al límite entre Cochabamba y Santa Cruz, donde prosperan las factorías de los narcotraficantes.

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