La incógnita Ostreicher y el descontrol ¿de los mandos medios?

Publicado en Política, Portada

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Publicado en fecha enero 11, 2013

Por: Rolando Carvajal

 Ya no es el escándalo de  las separadoras de YPFB y la planta de úrea en Bulo Bulo, tras el choque de Gerson Rojas en la ruta a Yapacaní hace seis  meses. O  el de Santos Ramírez y Catler Uniservice hace cuatro años con un cadáver desangrándose en una vereda de La Paz… o el de las 16 barcazas u otro más de los descubiertos en siete años de gobierno, casi todos por casualidad:

Se trata del – y sólo hasta ahora– mayor escándalo de corrupción en la era del Estado Plurinacional; estremecedor a ratos y patético en general, pero sobre  todo ignominioso por la forma como se han corroído ciertas estructuras del “proceso de cambio” y ha quedado apaleada la “nueva institucionalidad” que promueve el régimen imperante.

Y no sólo eso: el desfile de hechos muestra igualmente el despilfarro del enorme costo de las elecciones judiciales del año pasado (15 millones de dólares) para empoderar la “otra justicia”, lo mismo que las crecientes asignaciones anuales al Órgano Judicial y el Ministerio Público, y cómo han sido ridiculizadas las autoridades supuestamente desinformadas largos meses y quizá años sobre la próspera  “industria” doble de la coacción y la coerción que una red mafiosa de abogados oficialistas desarrollaba desde enclaves en los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, principalmente y unidos entre jueces y fiscales, todos coludidos en un consorcio del crimen.

El también llamado “cártel” de los ministerios sumó a sus cerebros una larga lista de diligencieros e intermediarios, autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores (e infiltrados” según dijo el presidente Morales), algunos de los cuales, ya presos, van camino a la imputación y la acusación formal.

Sin que se haya dado aún con los autores del más alto nivel, la red estaba encabezada, hasta donde llegan las indagaciones, por el ex director de Régimen Interior, Boris Villegas, y el  ex apoderado gubernamental, Fernando Rivera Tardío, quien, curiosamente, aterrizó en el Ejecutivo el 2007 en pleno ascenso de la administración actual, pronta a ingresar a su octavo año.

En un desafío colosal para el ajuste de tuercas en el gobierno de los movimientos sociales, se intensifica paralelamente la expectativa no sólo interna por conocer al jefe o los cabecillas de la organización criminal que en la suma de los acontecimientos ha precipitado, entre otras cosas, el anunciado autoalejamiento del ministro de Gobierno, Carlos Romero, hasta el 22 de enero próximo, y puesto en la cuerda floja a la ministra Anticorrupción, Nardi Suxo [ausente en días claves al estallido del escándalo y enredada en algún desliz como el planteamiento de sancionar por cohecho pasivo a las víctimas de los extorsionadores, o el presunto reclamo por uno de ellos, el ex fiscal de Distrito en Santa Cruz, Isabelino Gómez: “Tiene que renunciar porque ella ha sido quien ha sostenido a Isabelino y Edward Mollinedo, porque me vino a reclamar por los dos”, acusó el senador Félix Martínez, en otro ramaje de historieta].

Los hechos muestran asimismo, aparte de los anuncios de comparecencia a los últimos ex ministros de Gobierno, Alfredo Rada, Wilfredo Chávez y Sacha Llorenti, junto a otros ex viceministros como Marco Farfán, un desplazamiento de la cartera de Transparencia en las investigaciones que liderizan el Fiscal General, Ramiro Guerrero, a la cabeza de ocho fiscales, y el ministro Romero.

Y pese a diversos pedidos, no han sido incorporados organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo o la Asamblea de Derechos Humanos,  a una comisión investigadora plural, no oficialista, que impida soslayar la eventual responsabilidad de autoridades de mayor nivel y no sólo funcionarios medios.

 

NO CREEMOS QUE HAYAN

ACTUADO SOLOS

“Vamos a tomar esencialmente desde la Cámara de Diputados un compás de espera para saber las verdaderas responsabilidades y a los verdaderos autores mediatos e inmediatos”, dijo a mediados de diciembre su presidenta, Rebeca Delgado. “Y  esos mandos medios no creemos que hayan actuado solos”, advirtió, desatando divergencias en el MAS y la susceptibilidad del presidente Morales.

[Nuevo recoveco: el viernes 14, ausente Delgado de una reunión masista en Palacio, fue cuestionada porque su posición apuntaría más arriba: “al decir ‘esferas superiores’, parece que se refiere directamente al Presidente y al Vicepresidente”, declaró el diputado Efraín Condori. ¿“A mí me llaman corrupto?’ habría preguntado el mandatario, según Condori].

Tras el destape de las exacciones al millonario judío norteamericano Jacob Ostreicher durante 18 meses, desde junio del 2011, luego que con su socio suizo invirtiera como si nada 25 millones de dólares en la industria del arroz, suman más de 40 las denuncias de extorsión del grupo mafioso enclavado en al menos tres ministerios, dos de las mayores fiscalías de distrito y varios juzgados.

…especialmente en Santa Cruz, a partir de la persecución a los involucrados en el caso “terrorismo” y sus financiadores desde el 2009,  del chantaje a los dueños de los juegos de bingo, luego, y  la serie de exacciones que comenzaban con la acusación de los temibles fiscales y seguían con presiones de los procuradores para negociar la libertad de los imputados o apoderarse de sus bienes incautados.

No terminan de aparecer, así, diferentes ciudadanos inculpados de delitos para medrar a costa de su inermidad e indefensión, en un modus operandi y modus vivendi que se muerden la cola en el círculo vicioso de la coerción aplicada con premeditación, alevosía y ventaja, pero especialmente con impunidad a partir de los poderes plenos concedidos por el gobierno para la defensa de la seguridad interior y otros ligados a su pelea con sus adversarios políticos.

Para el gobierno, semejante revés con el que cierra el septenio, es algo más que simplemente “separar la paja del trigo”, según el criterio que urge distinguir entre militantes del proceso de cambio y aquellos que sólo se sirven de él, como los miembros de la red, desportillando  acaso los esfuerzos del “núcleo” dirigente del Estado constituido, además de Suxo y Quintana, por el influyente abogado Héctor Arce, el Presidente y su Vice, justo cuando Morales remontaba en los sondeos.

El saldo es el remezón que lleva a la crisis política y la intensificación de la pugna interna, y en lo táctico al cambio de ministros.

Y que no se reduce sólo a la acción de los “infiltrados”, a los que el Presidente fustiga tras revelar que también se informa y decide  al influjo de los mensajes por celular, en un caso que si no lo denunciaba su ministro Romero, iba a ser publicitado por una de las embajadas a través de sus canales en los medios, tendida como estaba ya la alfombra con la visita de los congresistas norteamericanos y la fama del actor Sean Penn.

Sintomático: a casi un mes de que el Presidente inaugure su octavo año de gestión –con el terrible peso de no haber cumplido por ejemplo con las 600 propuestas en diez ejes con 70 proyectos de ley planteados en  la Cumbre Social de enero pasado en Cochabamba–, el diputado masista Franklin Garvizu dijo que habiendo fallado los “niveles de control interno” se  confía que el 22 de enero, Evo Morales  sopese la permanencia de los ministros que han “manchado” al gobierno.

La crisis que por su parte enfrenta la judicatura, empezaba sin embargo a dar algún asomo de reconducción: el 12 de diciembre, el empresario cruceño Marcelo Urbach, detenido preventivamente 16 meses en el penal de San Pedro de La Paz, logró trocar en detención domiciliaria la prisión desde la cual fue uno de los 40 en proclamar que resultó víctima de la mafia extorsionadora, aprovechándose de la acusación que un banco hizo, cuando más bien Urbach denunció que un gerente suyo y su hijo lo habían desvalijado de 36 millones de dólares de su propia cuenta bancaria.

Se multiplicaban asimismo las rotaciones entre los fiscales, especialmente en Santa Cruz, e incluso en Oruro.

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