SIETE AÑOS DESPUÉS

Publicado en Política, Portada

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Publicado en fecha enero 11, 2013

Por: Pablo Deheza

Lo primero que se puede anotar que ha cambiado de fondo es la concepción de lo que es y hace el Estado boliviano. Bajo los cánones neoliberales éste se tenía que limitar a regular el mercado y no tenía que ser parte activa de la economía. Esta idea voló por los aires en estos siete años, para bien. Efectivamente la participación del sector público en la economía marca un antes y un después. Si bien esto tiene sus necesarios aprendizajes, la inversión estatal en conjunción con las iniciativas privadas es la fórmula que históricamente le ha entregado los mejores resultados al país.

El gasto público actualmente no tiene parangón con ninguna cifra vista antes en la historia nacional. En el periodo neoliberal no superó en ningún momento los 650 millones de dólares anuales; en 2011 la cifra estuvo por encima de los 2.000 millones de dólares y la proyección en 2012 es que bordee los 3.400 millones de dólares. El producto interno bruto pasó de estar por debajo de los 10.000 millones de dólares a lo largo de todo el periodo neoliberal a ubicarse en el orden de los 24.000 millones de dólares en 2011; tan sólo seis años después de iniciado el proceso político actual.

La idea de que la empresa privada por sí sola era el motor exclusivo del proceso productivo quedó en el baúl de los recuerdos. La noción de que la producción debía ser destinada principalmente a la exportación fue sustituida por la priorización del mercado interno como principal destinatario de los productos bolivianos. Este cambio es el que en buena medida explica por qué el país pudo capear con relativa tranquilidad la crisis financiera estadounidense. Esta vez ya no fue cierta la tan manida frase de años previos en sentido de que si Estados Unidos se resfría a estas latitudes les viene pulmonía.

En este periodo de tiempo el sistema financiero boliviano continuó su proceso de depuración y de manejo más transparente. Es cierto que este cambio comenzó en los últimos años del periodo neoliberal, luego de los tremendos escándalos por quiebras de bancos y la otorgación de los tristemente recordados créditos vinculados. En los últimos siete años los depósitos y la cartera se han disparado hasta niveles sin precedentes; casi doblando las mejores cifras del periodo neoliberal registradas en 1999. En ningún momento el sistema boliviano dio señales de verse golpeado por la crisis financiera mundial que sacudió tan crudamente en otras latitudes. Sin llegar a hablar de blindajes absolutos, hay que reconocer la buena salud que manifiesta el país en estos temas. Una última evidencia de ello es la evolución de la calificación riesgo país, que actualmente se encuentra en el nivel BB- de acuerdo a la valoración de Standard & Poors.

 

Cambio de élites

La clase dominante heredera de la revolución de 1952, todavía enmarcada en un imaginario colonial y que no supo trascender los lazos consanguíneos de un grupo reducido de familias, fue desplazada de los ámbitos del poder y en su lugar actualmente aparece otra de tinte más popular, indigenista y abierta a la inclusión de quienes quedaron fuera de los márgenes. Ahora bien, independientemente de los contenidos ideológicos de una y otra posición, lo cierto es que se trata de otros actores, con otro imaginario y otra estructura de relaciones sociales. Esto de ya marca otra tónica en cuanto a para quiénes y con qué medios se ejerce el poder.

Este cambio de élites en el poder no sólo afectó al campo político nacional, donde quedaron barridos todos los partidos del viejo orden, sino también a los subnacionales. Esto dio lugar a la aparición de nuevos liderazgos; otras voces con diferentes discursos. Santa Cruz es el único departamento donde su élite tradicional todavía sobrevive como tal. Paradójicamente, el departamento más progresista en términos económicos muestra ser el más conservador en términos políticos. La hegemonía cultural del estamento dominante cruceño en el ámbito local es algo que, aunque debilitado y fracturado, continúa vigente. Mientras eso sea así, Santa Cruz tendrá dificultades desde adentro para dialogar con el proceso nacional dado el imaginario que tienen los que todavía detentan los espacios de poder.

 

Cambios sociales

Junto con el cambio de élites, en la base social boliviana se modificó también la noción acerca de la apariencia física del poder. Una década atrás un rostro blancoide por encima de una corbata y un terno de lujo era la imagen de ministros y autoridades. Hoy eso ya no es así. Hoy en día ya no es posible salir a vapulear a cualquier persona de apariencia indígena, como pasaba hasta finales del siglo pasado; hoy una persona que no viste terno o vestido de ejecutiva bien puede ser autoridad. Si se comparan las imágenes de diputados y senadores en las décadas de los ochentas y noventas con la actual, se comprende a cabalidad que muchas cosas ya no son ni volverán a ser como fueron.

De acuerdo a los datos obtenidos en 2012 por el Barómetro de las Américas de la Universidad Vanderbilt de los Estados Unidos, la identidad de clase en Bolivia está conformada de la siguiente manera: un 0,2% se asume de clase alta; 4% de clase media alta; 58,9% de  clase media; 24,9% de clase media baja; y un 12% de clase baja. Independientemente de la realidad económica de las bolivianas y bolivianos, lo cierto es que existe la percepción de que prácticamente seis de cada diez habitantes son de clase media. Es llamativo que la clase alta haya dejado de asumirse como tal. Probablemente esto obedezca a una estrategia de sobrevivencia en la que los privilegiados de antes intentan mutar para pasar desapercibidos en el nuevo contexto.

Está claro que hoy ya no es aceptable, por ejemplo, la forma en la que se conducía un personaje como Chito Valle. La ostentación ahora tiene otro rostro, otra forma. Esto es posible verlo en la festividad del Gran Poder, entre otras manifestaciones culturales.

 

Lo que no cambió

Una de las cosas que el actual proceso político se propuso cambiar fue la relación de exclusión con los indígenas de tierras bajas. Este es un elemento que estaba dentro del cambio prometido y que era parte constitutiva del mismo, la demanda de una asamblea constituyente y una nueva constitución fue tomada de ellos, pero no logró hacerse realidad. En Chaparina, ese aciago 25 de septiembre, quedó evidenciado que el poder de turno va a ensañarse con los más pobres, los más débiles, independientemente del discurso con el que se llegue al poder.

El control social, la participación orgánica de la ciudadanía en la construcción institucional, fue una de las primeras banderas de la agenda en ser abandonada. El partido de gobierno notoriamente se alejó de esta idea desde la propia asamblea constituyente. En la actualidad esto quedó prácticamente reducido a un vago recuerdo. Lo último al respecto es la propuesta de Ley de Participación y Control Social, que viene cosechando rechazos al ser considerada mezquina por los sectores de la sociedad que tanto esperaron de esta innovación.

Otro elemento que estaba dentro del cambio prometido era la lucha contra la corrupción. Los últimos hechos ocurridos en relación con la situación del ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher ponen de manifiesto que no se lograron en esto avances a la altura de las expectativas generadas.

El tema de la corrupción tiene que ver, además, con aquello que el proceso y su conducción no se propusieron cambiar. El MAS no se propuso una nueva ética más democrática y respetuosa de la institucionalidad en el ejercicio del poder. La discrecionalidad y las conductas autoritarias son algo a lo que el MAS no renunció; contrariamente, es su característica. No se explica de otra manera que la red de corrupción y matonaje político descubierta haya estado anidada en el seno mismo del poder durante al menos siete gestiones ministeriales -cuatro ministros de Gobierno y tres de la Presidencia avalaron la presencia de los ahora acusados-.

No cambió el caudillismo. Evo Morales encarna la sumatoria de todo el proceso y también sus límites. En la medida en que esto continúa sigue siendo así, la construcción democrática boliviana tiene un techo posible al que llegar. Bolivia no gozará de una verdadera democracia en tanto sus liderazgos continúen forjándose bajo cánones personalistas. El caudillo no es posible en una sociedad genuinamente democrática por dos razones centrales: en primer lugar, porque no es aceptable la perpetuidad en el poder; en segundo lugar, porque el líder democrático es un actor de servicio a la sociedad y no alguien que se sirve de ella para entronizarse.

En síntesis, sí hay cambios importantes pero también desafíos pendientes. En muchas cosas se dieron pasos positivos, en otros existen carencias evidentes y de fondo. ¿Estamos hoy mejor que antes? Dependerá desde qué sectores de la sociedad viene la respuesta. Para las grandes mayorías es comprensible que la percepción sea ampliamente positiva. Para los actores del viejo orden, quienes se beneficiaron de un modo u otro del mismo y fueron desplazados del poder, muy probablemente estos sean tiempos catastróficos.

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